El funcionario público y las normas

Los funcionarios públicos nos enfrentamos a tres conceptos a lo largo de nuestra carrera: normas, recursos y objetivos.

Los objetivos son la razón por la cual existimos. Es el "para qué" nos contratan. Se resume en la expresión: "el funcionario está para la función, y no la función para el funcionario", principio recogido en la normativa nacional.

Para cumplir con nuestros objetivos, la oficina para la que trabajamos nos otorga recursos. 

Las normas nos dicen como debemos manejar esos recursos para alcanzar los objetivos.

Además de convivir con esos tres conceptos a lo largo de nuestra carrera, los funcionarios públicos vamos a vivir con una realidad: los recursos serán siempre menos que los que la norma previó.

Cuando la norma se diseña, se establece la cantidad de recursos que serán necesarios para alcanzar el objetivo. Pero en la realidad, difícilmente vayamos a contar con todos los recursos previstos. Probablemente nuestra oficina tenga menos personal que el estipulado, o tal vez el problema no es el recurso humano, sino el material. 

Esta situación de la realidad nos pone un desafío: 

conseguir los mismos objetivos con menos recursos sin apartarnos de la norma. 

Este desafío es prácticamente imposible. En los hechos, el margen que uno tiene para alcanzar los objetivos con menos recursos sin apartarse de la norma es muy reducido. Uno puede poner todo el empeño que pueda (como quedarse un rato más del horario establecido para sacar el trabajo) pero, por lo general, la escasez de recursos supera lo que un funcionario puede cubrir, aun poniendo toda la mayor tenacidad y compromiso de su parte.
Cuando la falta de recursos supera un cierto límite, el funcionario se ve tentado a apartarse de la normativa para poder cumplir el objetivo. Esto es, dejar de realizar algún control o tarea a los efectos de no trancar o dilatar la consecución del objetivo que, por falta de recursos, se está demorando cada vez más, y cada vez más allá de lo tolerable.
Allí se presenta un dilema para el funcionario: o se ciñe estrictamente a la norma (aun cuando esto implique no conseguir o dilatar demasiado el objetivo) o consigue el objetivo a cómo dé lugar.
La última opción es peligrosa para el funcionario porque lo expone a penalidades. El resultado de una inspección o auditoría nunca reconocerá que el objetivo se cumplió y que de esa forma se evitaron distorsiones en el funcionamiento de la oficina, sino que medirá el grado de adhesión a la norma y en caso de apartamiento, aplicará sanciones. 
En vano el funcionario apelará al logro de los objetivos como atenuante. Se aplicará el principio de que los fines no justifican los medios. 
Sólo le queda tomar la primera opción. Ceñirse estrictamente a lo que la norma establece y deslindarse de la responsabilidad por la consecución de los objetivos. En tal caso, probablemente se generarán distorsiones en el funcionamiento de la oficina, pero el funcionario no se verá expuesto: demostrará que todo se hizo como se le mandó, y que ergo, la responsabilidad está más arriba, en quienes tienen las jerarquías suficientes para diseñar normas y/o asignar recursos. 
A todos los funcionarios les ocurre algún momento en su carrera en que se enfrentan a la realidad de que la norma fue diseñada para funcionar con más recursos que de los que dispone, o que es un reglamento concebido para otra época y que, por ende, necesita ser actualizado y revisado. Normas actualizadas que permitan hacer las cosas de otra manera, de una manera más eficiente (ya que los recursos son menos y los objetivos los mismos).
¿Qué debe hacer el funcionario mientras las normas son actualizadas? Limitarse a la norma vigente. Por las razones que ya expuse, pero por otra razón fundamental:

el funcionario primero debe demostrar que su conducta se circunscribe a la norma y recién después solicitar que la misma sea revisada.

Sólo demostrando que sabemos tener conductas 100% adheridas a las normas, podemos dar confianza de que actuaremos de la misma manera cuando entre en vigencia una eventual norma actualizada. Pero si nos apartamos de la norma vigente por considerarla vetusta, bien se podría inferir que tenemos como conducta instalada el apartamiento y que en caso de modificaciones para concebir una norma, actualizada y moderna, también nos separaíamos. 
Muchas veces los funcionarios nos vemos ante el dilema planteado y nuestro sentido de la responsabilidad nos lleva a indignarnos sabiendo que haciendo las cosas de otra manera se podrían alcanzar los objetivos. 
Pero lamentablemente, la realidad es como es. Debemos atenernos a lo que nuestros procedimientos indican, por una cuestión de orden, y demostrar que nuestra conducta se amolda a las normas, como principio básico y general.