Durante este año fue muy debatido el asunto del ajuste fiscal o
“consolidación fiscal” como el gobierno insiste en llamarle. La discusión
acerca del nombre ha quedado laudada rápidamente. Si fuera una consolidación
fiscal o una profundización de la reforma fiscal iniciada en 2007, estas
medidas se hubieran tomado en cualquier circunstancia, pero todos saben que si
la situación económica del país no fuera la que es, y si los números no fueran
rojos, el gobierno habría propuesto la rebaja de impuestos que prometió en
campaña electoral.
Todos los gobernantes sueñan con un mundo en el que puedan bajar impuestos.
Las reducciones de la carga fiscal son un excelente fidelizador político. Por
tal razón, nadie puede negar que nuestro presidente y su equipo verdaderamente querían poder bajar impuestos,
y cuando lo propusieron en la campaña, estaban haciendo una legítima expresión
de deseo. Pero, la realidad (porfiada ella) no se los permitió.
Para que un país avance se necesita dinero que sea invertido. En los
últimos años, Uruguay ha sido un destino interesante de inversiones por un
montón de razones. Pero una de las razones fundamentales es que Uruguay tiene
algo llamado “grado inversor”. El
grado inversor es una calificación de deuda que hacen las calificadoras
internacionales, aquellas a las que el presidente del Banco Central dijo que
eran un mal necesario.
Son necesarias porque los inversores (las compañías que manejan fortunas) a
la hora de invertir se fijan si el país tiene grado inversor; de lo contrario,
descartan la posibilidad de inversión de plano. En muchos casos, esas compañías
tienen establecido en sus estatutos la prohibición de invertir en países sin
grado inversor.
Son un mal porque en el caso en que le quiten el grado inversor a un país,
éste país dejará de recibir inversiones y eso hace daño.
El caso argentino es elocuente. Tras el cambió de gobierno, asumió el Ing. Macri, visto por muchos como un gobernante con un perfil amigable hacia el mercado y las inversiones, pagó todo lo que Argentina debía (para lo cual tuvo que endeudarse lindo) y aún sigue sin recibir el volumen de inversiones que esperaban, y la razón es simple: no tienen grado inversor.
¿Qué tiene que ver esto del grado inversor y las calificadoras de riesgo con el ajuste fiscal? Todo. El ajuste fiscal se hace para que algunos indicadores (inflación, deuda, déficit) se encausen en términos adecuados para que las calificadoras de riesgo no nos saquen el grado inversor.
El gobierno, por más frenteamplista que sea, por más izquierdista que se proclame, no le queda otra que hacer los deberes frente a las calificadoras de riesgo porque las consecuencias para toda la población serían muy graves si perdemos el grado inversor. Mucho más graves que pagar un poco más de impuestos.
Y para lograr encausar esos indicadores, el gobierno usó la única receta que se puede usar en casos como los nuestros, dónde tenemos déficit fiscal: aumentar los ingresos por impuestos y recortar los gastos. Se propuso aumentar las alícuotas de algunas franjas del IRPF, creación de nuevas franjas, y modificación del régimen deducciones. Por el lado de los gastos, el gobierno insiste en decir que es una postergación, que lo que se gastaría en este año, se gastará más adelante, pero en la práctica es un recorte.
Cómo es típico en los últimos tiempos, toda la discusión pública transcurrió sobre el nombre del engendro, sobre si se cumplió o no las promesas de campaña, sobre si uno es mentiroso o el otro no, etc. Las pocas voces, todas técnicas, que advirtieron de los efectos del ajuste, por alguna razón que no logro digerir, no logran tomar la misma dimensión en la opinión pública y las redes sociales qué si toman expresiones del tipo: “mentirosos”, “fachos, ¿qué les cuesta pagar 100 pesitos más de impuestos?”, “la mayoría de los trabajadores que ganan menos de $50.000 no pagan” etc.
Lo que voy a tratar de hacer a continuación en estas líneas es tratar de ilustrar las consecuencias que tendrá el ajuste fiscal, es decir, las consecuencias que algunos veamos reducidos nuestros ingresos y como esto no afecta a unos pocos, sino a todos.
Supongamos una familia que tiene ingresos que serán afectados por el
aumento de impuestos y que entre sus gastos tienen:
- servicio de cable tv HD con paquetes de futbol, cine y dibujitos animados.
- son socios del club de sus amores.
- servicio de internet en el hogar de la mayor cuota que ofrece ANTEL.
- todos en la familia tienen Smartphone con contratos caros.
- salen a comer afuera todos los viernes, sábados y domingos.
- ahorran una x cantidad de dinero mensual.
Ahora que van a ver sus ingresos reducidos por el aumento de impuestos y
por efecto de la inflación, empezarán a tomar algunas decisiones:
- servicio de cable tv: sacarán el HD, dejarán el futbol, y sacarán los otros paquetes.
- Dejarán de ser socios del club de sus amores.
- Se pasarán al servicio de internet más barato que ofrece Antel.
- Están desperdiciando mucho paquete de datos que al final no usan en sus smartphones. Se pasarán a un contrato más barato y aprovecharán el wifi de la casa.
- Dejarán de salir a comer los viernes.
- Ahorrarán menos.
Todas estas decisiones de economía familiar son las que nadie advierte
cuando dicen “che, se quejan de llenos,
qué les hace pagar un poco más de impuestos, con todo lo que ganan”.
Desde el gobierno (y su ejército de fieles seguidores carentes de espíritu
crítico que repiten consignas como loros) se ufanan que la mayoría de los
trabajadores, como ganan menos de $50.000, no sentirán los efectos del ajuste.
Esta afirmación no solo es falsa, sino que es vergonzosa. En primer lugar,
significa que el gobierno festeja que haya gente que gane tan poco. Pero por
otro lado, es falsa por lo que voy a exponer a continuación.
La mayoría de los empleados que no verán modificadas las cantidades de IRPF
que pagan, por lo general son empleados de la compañía de cable, tercerizados
de ANTEL, o el mozo del bar de la esquina. Esta familia, como otras, ha tomado
la decisión de dejar de hacer ciertos gastos y las empresas que sufrirán esa
baja de recaudación también comenzarán a tomar decisiones de recorte. De esa
manera, si una empresa no mantiene su nivel de negocios, o si no puede crecer
lo que tenía pensado crecer, no solo no aumentará su plantilla de trabajadores
(se frena la creación de empleos), sino que posiblemente entre a despedir a
algunos. De esta manera, algunos de aquellos que supuestamente no se iban a ver
afectados por el aumento de impuestos, se verán gravemente afectados, porque
perderán el 100% de sus ingresos.
Y los puestos de trabajo que más expuestos están a perderse, son los más
vulnerables: limpiadores, serenos, porteros, domésticas, paseadores de perros,
etc.
Lo otro que se ha dicho desde el gobierno es que el ajuste no afectará más
que la capacidad de ahorro de los que más ganan. Eso es otro sofisma, ya que
nadie en el gobierno sabe a ciencia cierta qué decisión tomará cada familia
para afrontar el ajuste. De pronto no están dispuestos a dejar de ahorrar, y
concentrarán sus decisiones en recortar otros gastos.
Pero por otro lado, ¿cuál es el mensaje del gobierno? ¿Está mal ahorrar?
¿Por qué el gobierno pretende financiar sus gastos con la confiscación del
ahorro nacional?
Más bien, el ahorro sería la base del crecimiento sostenido y sano de la
sociedad, pero éste no parece fomentarse, sino atacarse (en una futura entrega
hablaré de lo bueno de ahorrar y lo malo de comprar a crédito).
Vamos a poner el ejemplo bien concreto de una familia que como gana bien,
tienen contratado servicio doméstico y le pagan a un muchacho para que le pasee
los perros, todo lo cual es sumamente ineficiente, porque tranquilamente son
tareas que las pueden cumplir los propios integrantes de la familia; pero en
épocas de bonanza y holgura, solemos tomar decisiones de ineficiencia, porque
la plata sobra.
Ante una situación de crisis, es esperable que empiecen a sacar al perro
ellos mismos, y que al servicio doméstico lo hagan trabajar menos horas o
directamente lo recorten. Esta familia, de pronto, no está dispuesta a ahorrar
menos, ya que el ahorro y la acumulación de capital es lo que ofrece seguridad
financiera y una mayor independencia a los individuos. Todos podemos limpiar
nuestra casa y pasear nuestros perros. Hay puestos de trabajo en la sociedad
que existen, pero que no son del todo necesarios, y son los fusibles.
De esta manera (en este ejemplo concreto), el paseador de perros o la
empleada doméstica que el gobierno decía que no iban a ser afectados porque no
pagarían más impuestos, habrán perdido el 100% de sus ingresos. Quizás hubieran
estado dispuestos a pagar algo de impuestos a perder buena parte o la totalidad
de sus ingresos.
Y aquí se inicia una discusión filosófica. Hay quienes acusarán de insensibilidad
y falta de solidaridad a la familia que a la hora de recortar lo hizo por el
lado del ingreso y sustento de otro ser humano, su empleada doméstica. La
familia se defenderá por el lado de que no tienen ninguna obligación de
mantener su empleada doméstica, sino que tienen el derecho de dejar de
contratar el servicio que ya no consideran necesario.
La discusión es un tanto maniquea porque si en lugar de despedir a su
servicio doméstico, suspendieran el servicio de cable, y si otras familias van
en la misma dirección, se los felicitaría por mantener a sus empleadas
domésticas, pero nadie les criticaría que muy probablemente habrán dejado sin
empleo a alguno de la empresa de cable. Si estaban ahorrando para comprar una
casa y dejan de ahorrar para mantener a su empleada doméstica, lo felicitarán
por esto, pero nadie verá que por no comprar la casa, posiblemente algún
empleado de la inmobiliaria habría sido despedido.
Pero lo más coleccionable de la discusión es que si quien prescinde del
servicio doméstico es una familia de clase media que lo que está haciendo es
ahorrar para comprar una casa propia porque quieren dejar de alquilar, no
habría condena por despedir a su empleada doméstica; estaría justificada porque
está bien que quieran tener su casa propia.
Pero si quien prescinde del servicio doméstico es una familia de clase
adinerada que no está dispuesta a dejar de ahorrar para comprarse su quinta
propiedad para ponerla a alquilar, la condena sería inmediata.
La pregunta es: ¿a partir de cuánto patrimonio es moralmente aceptable que
una familia despida a su servicio doméstico para enfrentar una crisis? Y, ¿por
qué a partir de ese patrimonio y no más? ¿o menos? ¿con qué criterio
estableceríamos ese monto?
Más allá de esa discusión, lo que parece no tener claro quienes dicen “¿qué te hace pagar 100 pesitos más de
impuestos?” es que las decisiones que a diario tomamos en materia de gastos
generan repercusiones que no somos capaces de visualizar. Todo recorte de
gastos que hagamos, y que haga el vecino, y el otro, y el otro, va a terminar
repercutiendo siempre en aquellos más vulnerables; justamente en aquellos que
el gobierno dice que protege porque sus medidas no les aumentan los impuestos a
ellos.
Seguir sosteniendo que el ajuste fiscal no afectará a los más vulnerables
porque estos no pagarán impuestos, o da cuenta de la incompetencia de nuestros
gobernantes (me consta que no) o simplemente es una burda falacia de la más
baja calaña pero que la gente no solo no la advierte, sino que, además, la
repiten.
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