Hay cosas que hay que hacerlas en un
determinado momento porque las
circunstancias de ese momento te dan una oportunidad inmejorable. Si se deja
pasar esa oportunidad, luego cuando se quiera encarar el tema puede ser
demasiado tarde, o las soluciones pueden tornarse demasiado caras.
A medida
que transcurre el tiempo se va dejando ver las consecuencias de que el Uruguay no
haya tenido el atino de planificar una buena política automotriz y de
transporte con mirada de largo plazo.
Las crisis, por lo general, son los momentos en
los que es oportuno realizar este tipo de medidas. Uruguay debió encarar el
tema automotriz y de transporte público con mirada de largo plazo por lo menos
desde 2003. Ese era el momento de hacerlo. El país salía de su peor crisis, el
ingreso de los uruguayos comenzaba a crecer al tiempo que crecía la economía y
el comercio automotor aun no recobraba todo el dinamismo que tendría en los
años sucesivos y que tuvo en los años anteriores a la crisis.
Uruguay debió pensar una política automotriz
pensando en el bien común y el interés general, pero omitió esa labor que a la
vista de los acontecimientos hubiera sido de gran importancia.
Al omitir esa planificación, el gobierno
permitió que ingresara al país cualquier cantidad de autos y de cualquier tipo
y origen. El régimen fiscal nacional considera al auto como un elemento
suntuoso y lo graba con el Impuesto Específico Interno (IMESI). Las alícuotas
de este impuesto serían más altas cuanto mayor fuera la cilindrada del
vehículo. Esto fue lo único que se hizo con un sentido de objetivo: privilegiar
los autos de menor cilindrada para que el consumo de combustible sea el menor
posible.
No hace falta ser ingeniero automotriz para
darse cuenta de que esta medida es de lo más ineficaz, ya que el consumo de
combustible de un auto no depende 100% de la cilindrada del motor, pero que
también, en una buena política automotriz, se deben priorizar otras cosas, como
la seguridad de los ocupantes de los vehículos y de los peatones, que los
motores sean los mas modernos y eficientes (ahí si va el consumo y no tanto en
la cilindrada), qué el auto trate adecuadamente los gases de escape (por
ejemplo, los filtros de partículas en los diésel), y quizás lo más importante,
controlar el flujo de ingresos de vehículos nuevos para darle tiempo a las
ciudades a acomodarse para un parque automotriz mayor.
Ante la ausencia de lo anterior, comenzó a
entrar al Uruguay autos, principalmente y en su mayoría, chicos de tamaño, con
poca protección y seguridad para sus ocupantes, con bajas motorizaciones, todo
lo que contribuyó a que tuvieran un precio bajo.
Se le exigió menos impuestos a los autos de
menos de 1000 cc de cilindrada bajo un supuesto de que son los que menos
combustibles consumen, como para promover el bajo consumo sobre la base de una
supuesta motivación de protección del medio ambiente.
Nada de lo que se ha hecho hasta ahora en
materia de comercio automotor ha tenido en cuenta ninguna pauta de desarrollo
sustentable ni de protección de la ciudadanía.
Dicen los que saben que contamina más un auto
de motor pequeño que al subir una cuesta debe bajar cambios y andar a un
régimen de revoluciones más elevado, que un auto con un motor más potente pero
que venga equipado con catalizadores de los gases de escape.
La contaminación no debe preocupar por la
cantidad de combustible que se quema, sino por la calidad de los gases de
escape. Los vehículos deben venir con catalizadores y en los casos de gasoleros
con filtro de partículas, para asegurar de que el transeúnte común no termine
con un cáncer de pulmón solo de respirar el aire de la ciudad.
Recién para el año 2013 el gobierno reacciona y
exige al comercio automotor la obligación de que los autos que se importen
tengan doble airbag y frenos ABS, pero tarde. Desde 2002 hasta 2012 se introdujeron
al Uruguay algo menos de 268.000 y su enorme mayoría sin esos elementos de
seguridad. Encima debemos tener en cuenta que ha habido prorrogas a la entrada
en vigencia de la ley que han permitido que se continúe ingresando vehículos al
país sin estos elementos.
El precio que hemos pagado por la ausencia de
política de comercio automotor ha sido la vida de unos 500 compatriotas por
año, muertos en accidentes de tránsito, todos ellos evitables, y que serían
muchos menos si hubiera menos autos circulando, y si los que circulen fuesen
seguros.
La cantidad de autos importados desde 2002
hasta lo que va de 2016 está en el entorno de los 460.000.
Para ser más precisos, en nota del diario El
País y en los informes de la UNASEV
se obtiene el dato: la cifra de muertos por año desde 2010 a 2015 nunca bajó de
500. En el acumulado de muertos en accidentes de tránsito desde 2002 hasta lo
que va del 2016 asciende a 6882 personas, un promedio de 491 muertos por año, o
sea, 9 uruguayos muertos por semana. Solo en 2015, los muertos en accidentes de
tránsito fueron 506, mientras que por homicidios 289, lo que hace que uno tenga
más chances de morirse al cruzar la calle que en manos de un delincuente.
Al día de hoy, según el detalle del Parque
Automotor que publica el SUCIVE tenemos un 968.000 autos y un millón doscientas
mil motos en el Uruguay: entre autos y motos tenemos 2.170.200 vehíulos. Dos
autos para cada 3 uruguayos (tomando 3.110.000 habitantes). Casi todo el mundo
tiene un vehículo. De ese millón de autos, 148.000 son del año 1980 o
anteriores. Los autos han ingresado al país a razón de 30.000 unidades anuales (2002
– 2015), pero los autos viejos no han sido dados de baja, siguen circulando. Es
decir, tenemos autos viejos, en algunos casos vetustos, circulando junto con un
montón de autos nuevos pero, en su mayoría, inseguros.
En el momento en que el país recién salía de la
crisis, cuando todos éramos cautelosos y no teníamos la mira tan alta en cuanto
a las posesiones materiales, era el momento adecuado para diseñar una política
de comercio automotor mucho más adecuada.
En ese momento se debió exigir que los
vehículos que ingresaran al país contaran con elementos de seguridad y
protección de sus ocupantes, y de protección del medio ambiente, y definir una
política fiscal que castigara al vehículo que no cumpliera con lo anterior o
que no fuera eficiente. Esto no hubiera allanado el camino a tanto auto chico y
poco seguro, y seguramente hubiera hecho que el crecimiento del parque
automotor fuera más lento, para de esa manera, darle tiempo a las intendencias
para planificar las ciudades.
El tema es que en Uruguay no nos animamos a
medidas audaces y modernas. Por ejemplo, muy tímidamente se ha legislado acerca
de avances (muy precarios aun) de elementos de seguridad de autos, cuando en
2006 ya se exigía la norma Euro IV en Europa. ¿Por qué no hicimos, en aquel
momento, cuando se podía, que todos los autos tuvieran que venir con norma Euro
IV?
Los beneficios de un crecimiento más moderado
del parque automotor como consecuencia de mayores exigencias a los autos son,
por lo menos, cinco:
·
Protección
del medio ambiente.
·
Tiempo
para que las intendencias planifiquen ese crecimiento para evitar los caos en
los que vivimos hoy
·
Más
usuarios disponibles para el transporte público, lo que hubiera permitido tener
mayores ingresos para mantener el precio del boleto y mejorar el servicio.
·
Menos
uruguayos muertos en accidentes de tránsito.
·
Posibilidad
de fomentar el ahorro nacional y utilización del mismo para obra de
infraestructura.
Sobre el interés individual y legítimo de cada
individuo de tener auto debe primar la protección colectiva. Mueren 500
uruguayos por año por el caos que significa el parque automotor en Uruguay.
Debimos poner el listón más alto y decir que no queríamos cualquier auto
mientras fuera barato, sino que queríamos autos buenos y seguros, al precio que
debiera ser.
Pero tenemos una mentalidad tan trasnochada y
mediocre, que lo único que queríamos era auto a cualquier precio, y aplaudimos al
gobierno que nos hizo eso posible.
Si el acceso a un vehículo no hubiese sido tan
fácil, hoy habría menos autos, sin dudas. También habría más uruguayos, sin
duda. Y el sistema de transporte tendría más usuarios; posiblemente tendríamos
un boleto más barato, menos consumo global de combustibles, menos gastos de
importación de petróleo y refinación, y emitiríamos menos gases de efecto
invernadero.
Hubiéramos tenido la oportunidad de enseñarles
a los uruguayos a ser cautos con su consumo, precavidos con el endeudamiento, y
de darles posibilidades de invertir con su ahorro. Lo primero, porque muchos
compran autos sacando préstamos bancarios para eso. En otro artículo voy a
profundizar en el daño que le hace a una economía (tanto familiar como a nivel
país) que la gente se endeude para consumir, puesto que esto provoca un nivel
de consumo que no responde a una genuina capacidad de consumo, sino a la
capacidad de endeudamiento, lo que genera un nivel de consumo inflado
artificialmente. Ese nivel de consumo inflado artificialmente conduce a la
oferta a aumentar su capacidad, para lo cual las empresas crecen rápida e
ineficientemente, dada la holgura. Crean puestos de trabajo u otras
ampliaciones que luego, en un ciclo de enlentecimiento de la economía, se deben
recortar.
Pero por otro lado, ha faltado en Uruguay el fomento
al ahorro familiar. Ahorrar es sumamente bueno y sano en una economía, porque
el que ahorra se priva del consumo inmediato para consumir luego, y consumir
mejor. El consumo pasa a reflejar una genuina capacidad y el crecimiento de la
economía en esas circunstancias es más lento pero sustentable y duradero.
Ahora, hagamos un pequeño ejercicio matemático
y monetario. Una familia logra juntar U$S 20.000. Tiene la opción de comprarme
un auto 0km. Por ese valor, paga $22.000 de patente al año y de seguro total
andan en los $40.000. En total, para tener el auto parado, por año, gastará $62.000,
que con el dólar a $28,5 por dólar, se tiene USD 2.175 dólares por año de
gastos. Por mes, a esta familia le tendría que sobrar USD 181 ($5.167).
O sea que si una familia logró juntar U$S
20.000 y decide comprar un auto 0km, se compra un gasto anual extra que debe
poner de su bolsillo por U$S 2.175 para mantenerlo (sin contar los servicios y
mantenimiento). Eso se llama costo de capital. U$S 2.175 es el costo anual de U$S
20.000 de capital invertidos en un auto.
Si en lugar de comprar un auto, esta familia
invirtiera su dinero en algo que le ofrezca, digamos, 5% de interés efectivo
anual, ganaría U$S 1.000 por año.
Entre tener que gastar U$S 2175 por año y ganar
U$S 1.000 por año, la diferencia son U$S 3.175 anuales que se componen de esos
U$S 2.175 que tenían para gastar y lo ahorrarían, más los intereses de la
inversión.
En 6 años y tres meses volverían a hacer otros
U$S 20.000.
Si fuéramos una sociedad sensata, en lugar de
andar comprando tantos autos, podríamos darle nuestro dinero en préstamo al
gobierno por un 5% de interés efectivo anual para que el gobierno haga el
ferrocarril. De ahí que uno de los beneficios de haber planificado mejor el
crecimiento del parque automotor y haber creado instrumentos para la colocación
del ahorro nacional, hubiera sido el hecho de tener un país mucho más eficiente
con mayores inversiones que nos aseguraran un futuro más venturoso.
El auto es el recurso más mal utilizado de todo
el universo. Una persona que se compra un auto lo tiene apagado la mayor parte
del día. Si lo usa para ir al trabajo y volver, y eso le insume hasta 1 hr por
día, el resto de las 23 hs del día el auto queda apagado.
He dicho que al Uruguay ingresaron, desde 2002
hasta lo que va de 2016, una cantidad aproximada de 460.000 autos, que si
hacemos precio y ponemos US$ 20.000 como precio promedio de cada auto, nos da
que los uruguayos hemos malgastado U$S 9.200.000.000 (nueve mil doscientos
millones de dólares). El Estado precisa solo U$S 1.000.000.000 (mil millones)
para hacer el ferrocarril para que UPM concrete su segunda planta. Podría
haberle ofrecido a los uruguayos pedirles prestado ese dinero y devolverlo con
intereses, pero los uruguayos se han gastado más de nueve veces ese dinero en
tener autos. Y no se los puede culpar. Durante años no ha habido negocios
atractivos para colocar el dinero. Recién hace poco tiempo empezaron a surgir
opciones como las obligaciones negociables de Conaprole, UTE, y las
participaciones en los Parques Eólicos, pero poca cosa más.
Ahora, los invito a mirar nada más a qué
situación nos ha traído la ausencia de planificación.
Prácticamente todos tienen un auto. La mayoría,
de baja cilindrada y consumo, que por su bajo precio, también tributan poca
patente y tienen seguro barato. Si alguien recorre hasta 15 km por día para ir
y volver del trabajo en un auto de esos, lo que gasta de combustible es más barato
que dos boletos urbanos. A su vez, quien recorre ida y vuelta 45 km por día
desde alguno de los balnearios de la Ciudad de la Costa para trabajar en
Montevideo, le resulta más barato hacerlo en su auto que dos boletos
interdepartamentales.
Todo indica que vamos hacia un caos en el que
cada uno saldrá con su auto, porque le conviene económicamente y porque puede,
y el transporte público tendrá cada vez menos usuarios. En ese contexto, las
únicas salidas son seguir subiendo el precio del boleto, reducir el personal
abocado al servicio del transporte público, aumentar los subsidios, etc. Eso es
a lo que se refieren cuando hablan de reestructura del sistema de transporte
público. Reestructura siempre significa reducir puestos de trabajo, o no?
Todo por no haber planificado mejor la política
de comercio automotor y transporte público mirando por el bien común y el
interés general, con la mira alta, poniendo los objetivos adecuados en
prioridad.
Y uno termina pensando que la ausencia de
planificación fue intencional. Muchos miden la prosperidad por el hecho de
haberse podido comprar un auto, y también miden así como bueno a un gobierno.
Uno tras otro consultado me ha dicho que vota al Frente porque durante sus
gobiernos pudieron comprarse el auto.
Que todos los que puedan se compren el auto,
así nos siguen votando, o así podemos decir “con nosotros se pudieron comprar
un auto. ¿Podían comprar un auto en los 90?”.
No cuentan los miles de uruguayos que han
muerto en accidentes de tránsito en la última década. De última, los parientes
de esos muertos no le echarán la culpa al gobierno de esa muerte, sino al
“animal que venía conduciendo”.
El negocio es redondo en votos para el
gobierno.
Pero si seguimos así vamos directo al caos. El
tema es que corregir esto ahora será traumático y costoso. Los autos que
ingresaron no van a salir. Cambiar las reglas de juego para la importación de
vehículos poniéndoles más exigencias podría acabar con más de una empresa del
rubro y dejar gente sin trabajo. Por eso esto se debió hacer antes, para que no
ingresaran tantos autos tan baratos y no se empleara tanta gente en el rubro
(gente que la economía la hubiera absorbido en otras áreas).
A su vez, incentivar a la gente a tomar el
transporte público una vez que se acostumbraron a la comodidad de su auto y
pueden pagarlo será costoso también, porque habría que bajar drásticamente el
precio de boleto, para lo cual no hay margen.
La solución al caos al que nos acercamos va a
ser dolorosa y costosa, pero va a tener que darse. Lamentablemente, la gente no
sabe juzgar a sus gobernantes por si realmente hacen las cosas bien o por su
competencia. La gente juzga a sus gobernantes si pudieron comprarse el auto.
Así estamos.
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